El Foro tuvo como objetivo dar a conocer los impactos en el ambiente, la salud y la economía de la minería en Honduras y las iniciativas comunitarias para hacer frente a este reto.

En el mismo participarán representantes de organizaciones comunitarias de los departamentos de Colón, Cortés y Santa Bárbara, así como líderes y lideresas de organizaciones de sociedad civil regionales y nacionales, personas  referentes en el área de la economía y lo Derechos Humanos.

En un comunicado público las organizaciones Foro Social del Valle de Sula “Margarita Murillo”, la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo (MNIGR), la Plataforma Agraria y la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG),   señalaron que a pesar del impacto que causa la minería a las comunidades, el gobierno central en coordinación con la iniciativa privada llamada el Consejo de la Minería e Industria Extractiva Comercio e Inversiones (COMICOIN), están realizando un  “Cónclave minero” para continuar promoviendo a través de la inversión extranjera la explotación de los recursos minerales.

Este es un  evento internacional que llamado “Conclave Mundial De La Minería” , que se desarrollará los días 12 y 13 de Agosto de 2015 en la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de crear la organización mundial de la minería con sede en San Pedro Sula y presentar ante 400 inversionistas internacionales 950 sitios los cuales están siendo investigados para determinar su potencial minero.

La  actividad minera según los informes anuales del Banco Central de Honduras no tiene una representación significativa  dentro de las actividades económicas del país, a pesar de la insistencia del gobierno de Honduras de presentarla como una panacea para el desarrollo de Honduras, señala el documento.

Por su parte la CEPAL en Honduras los ingresos fiscales que provienen de la minería no llegan siquiera al 10% del total de la renta, cifra muy inferior a países como Bolivia (58%), Chile (36%) y Perú (27%).

Se evidencia que la industria extractiva “no es ninguna alternativa de desarrollo para nuestros pueblos y comunidades, y que por el contrario, agranda la brecha de la desigualdad social y económica, la destrucción  del medio ambiente natural, compromete los recursos para las generaciones futuras, atentando de esta manera en contra de todos los sectores sociales de nuestro país, en especial de los grupos más vulnerabilizados”, expresaron en el foro. 

Comunidades centroamericanas en alerta

El 26 de junio pasado, en la ciudad de San Salvador por parte las organizaciones ciudadanas de la región centroamericana agrupadas en el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, hicieron hincapié en que los impactos adversos  de  las industrias extractivas están profundizando    los  problemas sociales y ambientales, asociados al acceso  a  agua segura, y el ambiente en general.

En este evento también reconocieron que las comunidades, los gobiernos locales y nacionales  son actores fundamentales, y deben asumir su rol estratégico, para generar respuestas y alternativas ante los escenarios de riesgo que se derivan de estas actividades económicas.

“Considerando la alarmante situación a la que se enfrentan nuestras comunidades y los recursos naturales, no podemos quedarnos callados/as, convirtiéndonos en cómplices de la entrega y destrucción de nuestros recursos, que nos impactan a todos y todas; por lo que desde nuestras organizaciones, invitamos a la ciudadanía a comprometerse en la defensa de sus derechos fundamentales como el derecho a la salud, el agua, ambiento sano, la libre determinación de los pueblos, entre otros”, destaca el comunicado

Las organizaciones firmantes se suman a las exigencias de otras  organizaciones a nivel centroamericano que reclaman a todos los gobiernos del istmo mejorar los mecanismos de educación, información, participación ciudadana en la toma de decisiones y auditoría social en lo relacionado a la administración de los recursos naturales.

Para las instituciones arriba mencionadas es paradójico que se nombre el 2015 como el año de la minería en Honduras, ofreciendo el país al mejor postor a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Denunciaron que el Estado de Honduras sigue siendo incapaz de administrar  eficientemente los recursos del país, evidenciado en el deshonroso primer lugar que el país ocupa en cuanto a vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos como lo señalan organismos internacionales, y que a pesar de ello junto a la iniciativa privada llamada el Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones (COMICOIN)se busca explotar destructivamente los  territorios pertenecientes a nuestras comunidades sin la debida participación de la ciudadanía.

La venta al mejor postor

Lo grave de la situación es que el gobierno actual alegando que la minería es de interés nacional, ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 023-2015, para declarar 18 zonas de reserva minera a nivel nacional, la mayor parte de estos ubicados en áreas protegidas debidamente declaradas y peor aún sobre asentamientos humanos; 13 de dichas reservas se localizan en la Montaña de Botaderos, entre los departamento de Colón, Olancho y parte de Yoro, las 5 restantes distribuidas en los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán y Comayagua, sumado a los 950 sitios en investigación minera que se ofertarán en el Cónclave Mundial de la Minería, con la finalidad de abrir nuevos yacimientos.

Con los slogans “ La vida no se Negocia” y  “Por la vida y el respeto a la naturaleza”, los y las representantes de organizaciones en el evento hicieron  un llamado a todas las organizaciones de sociedad civil, organismos cooperantes y gobiernos comprometidos con el bienestar de sus pueblos a unirse a la lucha.

Exigencias del Foro al gobierno

Las siguientes son las exigencias desde las organizaciones representadas en el Foro “Impactos ambientales, sociales y económicos de la minería en Honduras”: 

• Derogar la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, por considerarla inconstitucional que atenta contra la soberanía nacional, viola los derechos de las comunidades y pone en riesgo la vida de todos los Hondureños.
  • Que la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería, que ciudadanos comprometidos con la dignidad del país y la vida han presentado desde enero del 2014.
  • Exigimos al Congreso Nacional retomar la propuesta de reforma a la Ley de Minería discutida y presentada por la sociedad Hondureña y que no ha sido tomada en cuenta.
  • Repudiamos la falta de voluntad política y exigimos un marco legal adecuado que respete y proteja los derechos de nuestros habitantes.
  • Condenamos la actitud entreguista de nuestros gobernantes, pactando compromisos que violentan nuestros derechos; expresados en la Constitución de la República y convenios internacionales.
  • Condenamos los actos de corrupción de funcionarios públicos en el concesionamiento irracional de nuestro territorio.                          
  • Exigimos la aplicación y cumplimiento de los Convenios Internacionales que obligan al Estado a tomar decisiones sobre los recursos naturales del país de manera transparente, democrática y justa. 
  •  Exigimos que se declare de interés nacional el respeto a la vida de las comunidades y se salvaguarden sus medios de vida prohibiendo la práctica de la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas que en esta práctica se utilizan.