El documento resume elementos importantísimos aportados por la parte acusadora a cargo del Ministerio Público y de  abogados privados que representan a la familia de Berta Cáceres y al Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, cuya contundencia no deja lugar a dudas para un fallo condenatorio contra Castillo, lo que sería un precedente para combatir la impunidad en Honduras y avanzar al castigo para los autores intelectuales del crimen.

La demostración del uso de tácticas de inteligencia Militar contra Berta Cáceres por parte de Castillo  fue plenamente acreditado por la perito experta en telecomunicaciones, Brenda Barahona, quien describió que el acoso de este militar incluía la búsqueda de información y el ofrecimiento de regalos a la defensora.

El Estado de Honduras capacitó a Castillo en su estadía en las Fuerzas Armadas de Honduras y en la West Point de Estados Unidos, dinero pagado por la sociedad hondureña para su entrenamiento que no sirvió en favor de la ciudadanía sino para invalidar la lucha por los territorios y a favor de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A., DESA.

En el comunicado la Misión de Observación Calificada deja entrever reservas en cuanto a que se pueda aplicar todo el peso de la Ley a Castillo dada la ventaja que tenía su defensa en el juicio en detrimento de la justicia para la víctima, sus familiares y el COPINH.

Este es el documento difundido por redes sociales por parte de la Misión:

Expertos exigen fallo justo y apegado a la ley en juicio de Berta Cáceres en Honduras

Las Américas/Europa, 30 de junio de 2021

La Misión de Observación Calificada, una agrupación de 18 organizaciones expertas en derecho internacional y derechos humanos ha observado el juicio contra David Castillo imputado coautor del asesinato de la defensora Lenca de derechos humanos y del ambiente, Berta Cáceres. La Misión constató que durante cerca de 50 días de audiencias se otorgó amplia posibilidad de respuesta a la defensa frente a la robusta presentación de pruebas de las acusaciones pública y privada, y espera que la independencia judicial prevalezca en la decisión final del Tribunal, que será emitida esta semana.

El oficial de inteligencia militar Roberto David Castillo Mejía, ex gerente general de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), es acusado de participar como responsable en el asesinato de la defensora Lenca el 2 de marzo de 2016, junto a los autores ya condenados. Las conclusiones se dieron el 28 de junio, donde las partes acusadoras pidieron que el Tribunal condenara a David Castillo por su papel clave en el crimen.

Durante el proceso, el Ministerio Público y las acusaciones privadas presentaron distintas pruebas de que David Castillo coordinó una larga campaña de vigilancia, hostigamiento y amenazas contra Berta Cáceres, en su calidad de coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), luego de que ésta comenzara a acompañar en 2013 a las comunidades Indígenas Lencas de Río Blanco quienes reivindicaban sus derechos territoriales ante la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca por parte de DESA.

A través de varios testimonios, se acreditó que DESA no había recibido el consentimiento de las comunidades afectadas para avanzar con el proyecto hidroeléctrico y que por su resistencia fueron víctimas de violencia, incluyendo la destrucción de sus cultivos de subsistencia, criminalización y ataques violentos. Igualmente, que quienes estaban a favor del proyecto en la zona eran afiliados a la empresa. El jefe de la investigación dijo que, aunque inicialmente hubo varias líneas de investigación, el motivo claro del asesinato era frenar la resistencia al proyecto hidroeléctrico.

Los peritos del Estado demostraron que mientras se producían los ataques a nivel local, David Castillo se contactaba regularmente con Berta Cáceres por llamadas y mensajes de WhatsApp. La perito experta en telecomunicaciones, Brenda Barahona, desarrolló cómo tales prácticas responden a tácticas en inteligencia militar, incluyendo la búsqueda de información y el ofrecimiento de regalos.

La hija de Berta, Bertha Zúniga, en su testimonio, planteó que su mamá le había expresado directamente que de quien temía era de David Castillo, ya que le preocupaba que utilizara su formación en inteligencia militar contra ella. Asimismo, afirmó que su madre y el COPINH enfrentaron una terrible campaña de difamación por liderar la lucha contra el proyecto Agua Zarca y que meses antes del asesinato, sentó a sus hijas e hijo a hablar sobre lo que harían si ella fuera asesinada. 

Las pruebas de telecomunicaciones demostraron que las comunicaciones entre David Castillo y Douglas Bustillo, un militar que trabajó para la seguridad de DESA y después directamente para Castillo, y quien fue condenado por el asesinato en 2018, eran constantes, especialmente en torno al supuesto intento fallido de asesinato de Berta Caceres a principios de febrero de 2016 y posteriormente para coordinar acciones de logistica antes del 2 de marzo.

El perito Harald Waxenecker demostró un patrón de compartimentalización de las comunicaciones de la estructura criminal que planificó y ejecutó el crimen: las comunicaciones de Bustillo hacia el resto del grupo de sicarios, también condenados en 2018, las comunicaciones entre Castillo y Bustillo, así como las que tenía Castillo con los ejecutivos y directivos de DESA a través del grupo de WhatsApp “Seguridad PHAZ” (Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca). Todas ellas se sostenían por vías estrictamente separadas, como una estrategia militar clara que respondía a la protección de la cadena de mando. Estas pruebas también evidenciaron que las comunicaciones entre Castillo y Berta cambiaron una vez que se puso en marcha el plan de asesinato a principios de 2016. Su comportamiento, antes amistoso, cambió y cuando Berta lo increpó, se negó a responder.

Por su parte las pruebas de la defensa se centraron en testimonios de personas con vínculos con la empresa DESA y en el informe del perito de telecomunicaciones Shaun Vodde. Todo este material probatorio y su interrogatorio a lo largo del juicio pretendía acreditar que el Ministerio Público no agotó todas las líneas de investigación necesarias para dar con el verdadero responsable del asesinato, y por el contrario, los fiscales e investigadores manipularon los procedimientos y la evidencia para incriminar a su representado David Castillo.

La Misión de Observación reconoce los esfuerzos del Tribunal para dar publicidad al caso, cuyas audiencias fueron transmitidas públicamente a través de las redes sociales del Poder Judicial. A pesar de no ser el escenario ideal para una observación adecuada, esperamos que el fallo se dicte acorde a derecho y en garantía de las normas y estándares del debido proceso.

Contactos de prensa:

Misión de Observación Calificada:

WhatsApp +1 902 3242584

Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Firmas:

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Nicaragua

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala

Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala (GHRC-USA), EEUU

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo(CAJAR), Colombia

Equipo Jurídico para los Derechos Humanos, Honduras

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), Honduras

Estudio Arbizu & Gamarra, Perú

FIDH, en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, Internacional

Fundación Abogacía Española, España

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos

Gremio Nacional de Abogados, Comité Internacional, Estados Unidos

Impunity Watch, Guatemala

Instituto Promesa de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la UCLA, Estados Unidos

Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Europa

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, Internacional

Protection International, Mesoamérica

Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Regional