Wilfredo Castellanos, delegado del CONADEH en la zona Norte del país, explicó a pasosdeanimalgrande.com que tener una cantidad de más de 3 mil quejas en un periodo corto de tiempo es muy alarmante y más porque aunque haya una suspensión de algunos derechos constitucionales, no se limitan las garantías.

Según Castellanos el CONADEH no ha tenido ninguna limitación oficial en el ejercicio de sus atribuciones, es una de las instituciones del Estado que han trabajado durante la pandemia. Los delegados, promotores e investigadores se han desplazado a atender los llamados, ya que en la Ley Orgánica se establece que aunque haya un estado de sitio o suspensión, se deben regir en la defensa de los derechos humanos.

El funcionario agregó que entre las quejas también se han atendido casos de discriminación que han sufrido las personas que estuvieron infectadas por Covid-19 y otras que se relacionan con la actuación de funcionarios del Estado que cometen algún tipo de abuso que se traducen en violaciones a derechos humanos.

Y en ese sentido los funcionarios deben acatar la obligación que tienen de respetar los derechos fundamentales y los no suspendidos a la población.

En cuanto a la sociedad señaló que debe cuidarse en no proliferar el virus, contribuyendo en el manejo del combate para llegar a un equilibrio porque se entiende que las personas tienen que llevar la alimentación a sus hogares de una forma digna.

Asimismo se han recopilado de oficio y a petición, llamados muy graves como la gaseada a un bus en el departamento de Cortés, la desaparición de cinco personas entre ellos cuatro garífunas.

Todas las quejas emblemáticas se han remitido al Ministerio Público para que sean investigadas y castigados los responsables, aseguró Wilfredo Castellanos.