Según Fernández, a los acusados, todos pobladores de la comunidad de Azacualpa, en la jurisdicción de la Unión Copan, el Ministerio Público les imputa el delito de daños en perjuicio de la empresa Minerales de Occidente (MINOSA), una compañía que desde 1997, cuando inició operaciones, ha sido denunciada por deterioros ambientales y otras acciones constitutivas de delitos contra la población.

La acusación se deriva por supuestos daños ocasionados a una maquinaria, cuando los acusados participaban en una manifestación de los pobladores que se oponen la destrucción del cementerio donde están enterrados sus parientes fallecidos en los últimos 200 años. La empresa insiste en trasladar los restos y explotar el oro que hay debajo.

La medida impuesta por la Juez Adela Mejía obliga a los acusados a presentarse a firmar el libro una vez al mes en el Juzgado de Paz de la Unión Copán, y a no acercarse a las instalaciones de la empresa.

Y a juicio del abogado Fernández, está última medida es decorativa, puesto que los imputados no son empleados de la compañía y tampoco tienen nada que ir a hacer allí. La audiencia inicial ha sido programada para el próximo jueves 14 de marzo de este año.

Fernández lamentó que la fiscal del Ministerio Público, a quien identificó únicamente, como Leyla, esté procurando perjudicar a los pobladores que luchan por sus derechos y aseguró que la única prueba que tiene contra ellos es un video que le proporcionó la misma empresa.

Pero según el abogado la relación entre MINOSA y la Fiscalía no es nueva. Relató que hace varios meses, debido a que lo vecinos mantenían obstaculizado el paso hacia el cementerio, la empresa mandó a descombrar la parte de atrás para hacer una carretera y que para impedirlo los pobladores les quitaron a los trabajadores una motosierra, que después se la presentaron a la policía.

Sin embargo, los agentes en lugar de ayudar a los pobladores llamaron a la fiscalía para que los acusaran de algún delito ambiental o de hurto.

“Y allí estaba yo cuando llegaron los abogados de la mina y la fiscal se acercó donde ellos y les dijo que no los podía acusar porque yo se lo impedía”, expresó Fernández, quien ha lamentado lo que ocurre con la justicia hondureña.

Vale decir que siendo Honduras uno de los países del mundo más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, actitudes como las de esa fiscal les ponen en riesgo sus vidas.  

Veinte denuncias sin resolver

Del 20 de mayo del año pasado a la fecha el abogado Fernández ha acompañado a los defensores del ambiente en Azacualpa Copán, en la interposición de veinte denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte y hostigamientos, por parte de la empresa de seguridad de MINOSA y de los agentes policiales. No obstante, todas esas denuncias las mantiene engavetadas la Fiscalía, en la regional de Santa Rosa de Copán.

Situación similar ocurrió con Berta Cáceres cuando denunció amenazas de muerte por parte de las empresas de generación eléctrica y que la Fiscalía jamás les dio trámite para resolverlas y tiene tres años su asesinato.

A lo anterior se suma que la Fiscal del Ministerio Público también se negó al inicio a compartir con los defensores el video que presentará como prueba.

Un comunicado de la Asociación Noroccidental de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG) confirma las declaraciones de Fernández, y además, indica que entre esas denuncias también están varias relacionadas con delitos ambientales cometidos por la empresa a través del derramamiento de cianuro en las fuentes de agua, como el Río Lara, afluente del Río Higuito o Jicatuyo.

Sostiene la ASONOG que en al menos en tres ocasiones se han producido muertes masivas de peces y de otras especies residentes en esas fuentes de agua.

Razones para oponerse

Con el aval de las autoridades la empresa MINOSA en sus operaciones ya ha desplazado completamente a los vecinos de tres aldeas, San Andrés, San Miguel y Platanares. Y hoy, de la mano con el gobierno van contra La Azacualpa, comunidad que todavía se resiste a desaparecer y lucha por su territorio, su cultura y sus costumbres.

Dos décadas atrás, los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, eran dueños de parcelas y allí tenían la oportunidad de cultivar sus alimentos y mantener ganado en pequeña escala, sin embargo, las operaciones de la empresa que al inicio se denominabaGreenstone y ahora MINOSA, los obligó a salir de sus tierras y a trasladarse a otro lugar donde el gobierno y la empresa les construyeron pequeñas casas de lámina y bloques de cemento, sin espacios para áreas verdes.

Ellos no querían trasladarse, pero las autoridades municipales y centrales los obligaron con el argumento de que debían de hacerlo para no atrasar el desarrollo de la comunidad. Y allí están los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, hacinados y sin esperanza de salir adelante. Y ese es el espejo donde se ven los pocos pobladores de La Azacualpa que todavía se resisten a abandonar sus tierras, a la mayoría ya la sacaron.

En su afán de apoderarse de la tierra, entre septiembre y diciembre del 2018, MINOSA movilizó a los trabajadores para una toma de carretera exigiendo la autorización de sacar los cadáveres del cementerio, y además, según ASONOG, también realizó campañas mediáticas de hostigamiento y persecución, “basada en mentiras y aduciendo la suspensión total de sus actividades como efecto de los amparos interpuestos, cuando en realidad continuaba trabajando las 24 horas del día”, asegura la coalición.

Mineras canadienses serán enjuiciadas en Canadá por violaciones a derechos humanos

La minera MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense, estaría preparando su propio juicio para que la justicia de Canadá la enjuicie por lo que está haciendo en Honduras, ya que otra compañía en Guatemala, está ante un proceso penal impulsado por las víctimas que son acompañadas por Grahame Russell de la organización Rights Action, que igualmente respalda la lucha de los pobladores de Azacualpa.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica, dijo a la periodista Leonora Chapmandel sitio http://www.rcinet.ca que hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente, y mujeres que han sido violadas en Guatemala.

Russell está acompañando hace varios años a los defensores del ambiente en Azacualpa, quienes sufren las consecuencias de la complicidad del Estado de Honduras a través de todas sus instituciones para que prevalezca el lucro y no la vida.