Por: Gustavo Hernández*

Se trata del acuerdo de libre comercio conocido por sus siglas en inglés como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement),hasta el momento el acuerdo comercial bilateral más ambicioso del mundo. Ante la negativa del parlamento de aquella región que alberga a no más de 3.5 millones de personas, el ex Comisario de Comercio de la Unión Europea y ex jefe de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, rompe su silencio para sentenciar: “Necesitamos una mayor transparencia, sensibilidad, apertura y tiempo para conseguir el apoyo público para acuerdos comerciales”.

Luego de hacerse pública la negativa de Valonia, la sucesión de hechos en lo que parece ser el mayor impasse de una de las competencias exclusivas de la Unión Europea – la comercial –  no deja de deslumbrar en ambos lados del Atlántico.  El 20 de octubre la Comisión Europea responde con una propuesta suscrita por los veintiocho líderes de sus estados miembro, ofreciendo una declaración “jurídicamente vinculante” en los asuntos “más sensibles” del Acuerdo, entre ellos, el mecanismo de solución de controversias con inversores.

Posteriormente, el 21 de octubre, el jefe máximo de la Comisión Europea, el luxemburgués y ex primer ministro Jean-Claude Juncker, emite ante la prensa el siguiente juicio: “Europa es partidaria del libre comercio, pero no puede seguir siendo estúpida: necesita instrumentos de defensa...¿Por qué no podemos tenerlos nosotros para protegernos de los ataques del exterior?”.

El 23 de octubre el gobierno de Valonia rechaza un ultimátum de la Comisión Europea para poner fin a su oposición al acuerdo comercial – Bélgica sigue siendo, hasta el momento,el único miembro de la UE que no ha firmado el Acuerdo Comercial. El 24 de octubre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advierte que a menos que Bélgica haga clara su posición, se cancelará la próxima Cumbre prevista el 27 de octubre para la firma del Acuerdo con Ottawa.

El primer ministro belga, Charles Michel, declaró el mismo día: “El gobierno federal, la comunidad germano hablante y la región de Flandes ha dicho 'Sí' al Acuerdo. La región de Valonia, el gobierno de la ciudad de Bruselas, y la comunidad franco parlante ha dicho 'No'”.

La sucesión de declaraciones tras la negativa de un minúsculo gobierno regional en Bélgica ha puesto en evidencia algo tan obvio pero obtuso a una adecuada discusión general, y que solo unos cuantos analistas han podido detectar a propósito del “Brexit” (podría establecerse, de hecho, una línea de trayectoria con la abortada revuelta a propósito del “Grexit”): la naturaleza política – en sus motivaciones pero también en sus implicancias– de los Acuerdos de Libre Comercio.

En primer lugar, tanto el proceso de negociación como de ratificación de sendos acuerdos comerciales resultan complicados, y requieren de complejos equilibrios para evitar resistencias, como por ejemplo las expresadas por Bulgaria y Rumanía a propósito del CETA (queriendo vincular su apoyo gubernamental, en este caso,a la cancelación de visados para sus ciudadanos en Canadá).

Segundo, la aprobación de los acuerdos comerciales, al menos en el caso europeo,requiere el visto bueno de casi 40 parlamentos(contando a las cámaras nacionales y regionales, tal como ocurre con el parlamento de la región belga de Valonia). 

Y tercero, pero no menos importante,se requiere romper con la sacro santa condición de secretismo que rodea a la actual política comercial en la era global. 

La declaración “interpretativa” conjunta ofrecida al Parlamento de Valonia como una adición al texto del Acuerdo Comercial – y a la cual hasta ahora el público no ha podido tener acceso –persigue precisamente aclarar los aspectos más fundamentales y controversiales del Acuerdo.

El presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, ha sido partidario de que el Acuerdo fuera aprobado únicamente por el Consejo y el Parlamento europeos. La canciller alemana, Angela Merkel, sin embargo, defendió la decisión de abrir el debate a los parlamentos nacionales, aduciendo que la participación de aquéllos ayudaría a llevar el debate nuevamente “sobre los hechos”.

Nadie imaginó que una simple declaración  – un “instrumento" jurídicamente vinculante de 8 páginas–  tuviera que resolver a último momento tales dificultades. En efecto, a través de esta Declaración, Bruselas insiste en que las dos partes (la UE y Canadá) pueden legislar y proteger sus servicios públicos. Y en un añadido algo críptico, la Declaración establece que se protegerá también “lo que ambas partes consideren como servicios públicos”.

El nuevo “instrumento” apunta además que los arbitrajes entre Estados y empresas estarán “inspirados en los principios de los sistemas públicos judiciales en la UE, en sus Estados miembro y en Canadá”, así como en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte de Derechos Humanos.

 Subraya finalmente que el Acuerdo no persigue relajar los estándares relativos a las leyes laborales, y enfatiza los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, así como para los agricultores.

La intención del Ejecutivo comunitario es firmar el acuerdo comercial con Canadá en una próxima Cumbre presidencial, y que pueda ponerse en marcha provisionalmente mientras van pasando las sucesivas cribas de los Estados miembro.

No obstante, dada la decisión de la Comisión Europea de considerar el CETA como un Acuerdo Mixto, es decir, con competencias compartidas entre los estados miembro y la Unión Europea, de momento no existe ninguna opción legal para su implementación completa sin la aprobación de Bélgica.

La cuestión de si los tratados de libre comercio (TLCs) de la UE con países terceros deberían ser considerados como acuerdos “mixtos” es ya un problema recurrente, que está directamente vinculado al ejercicio de los poderes por parte de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso del TLC con Perú y Colombia, la Comisión Europea propuso inicialmente que se trataba de un Acuerdo que competía solamente a Bruselas, ya que considera que todas las cuestiones amparadas por el contrato caían dentro de la competencia exclusiva de la Unión Europea.

El Consejo, sin embargo, falló a favor de considerarlo un acuerdo mixto.El hecho que actualmente exista un similar proceso legal abierto en el Tribunal de Justicia Europeo sobre si el Acuerdo Comercial con Singapur debe considerarse “mixto” resulta un interesante precedente para lo que pueda suceder después con el CETA. Basta recordar que el TLC de la Unión Europea con Centro América, por razones difíciles de explicar incluso a la propia Comisión Europea, no fue considerado como un Acuerdo Mixto.

En cualquiera de los casos y volviendo al reciente impasse de Valonia, tal como afirma el europarlamentario laborista inglés David Martin,“usar una declaración conjunta para superar las objeciones de un gobierno regional sería una manera insatisfactoria de resolver estas dificultades”. Efectivamente, los acuerdos comerciales van más allá de la agenda tradicional de aranceles y cuotas, para cubrir aspectos de regulación ambiental, social, tecnológica y de salud pública, que residen mucho más allá de la competencia exclusiva del órgano ejecutivo de la Unión Europea.

El referéndum sobre el “Brexit” cuatro meses atrás amplificó el dilema de entregar el poder a Bruselas o a organismos supuestamente más independientes y políticamente menos influenciables.

El CETA fue, en tal sentido, una víctima colateral de la revuelta británica en contra de Bruselas. En palabras de Pascal Lamy resulta “un enorme error político llorar ahora con lágrimas de cocodrilo”,en una época donde la globalización se acelera a través de la digitalización, creando disrupciones que hacen a muchos ciudadanos más descontentos con los Acuerdos Comerciales. “La apertura del comercio funciona porque duele, y duele porque funciona”, ha finalmente dicho el ex Comisario de Comercio europeo. Deseamos junto a Pascal Lamy que no hayan más víctimas del orden mundial de comercio.

_______________________________________________________________________________________________*Gustavo Hernández

Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Se ha desempeñado en Bruselas como coordinador de la Red Unión Europea-Comunidad Andina de Naciones, y como Representante ante la Unión Europea de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo.