Reiterados malos tratos y falta de respeto a su labor como defensores de derechos humanos y representantes de las organizaciones de derechos humanos de Honduras, denunciaron este 24 de septiembre de 2020 los concejales Donny Reyes y Dina Meza, al solicitar reiteradamente que el Estado otorgue salvoconductos a los defensores de derechos humanos para que desarrollen su labor en el país, pero solo hay excusas cada vez de diferente índole para negarlo.

En mayo y junio de este año diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a iniciativa del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, interpusieron recursos de amparo ante la Sala de lio Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante la negativa del Estado de otorgar un salvoconducto a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero los mismos fueron denegados y se presentaron recursos de reposición pero no han sido resueltos.

Reyes y Meza han estado insistiendo que sea el Consejo de Protección que tiene el papel de asesorar al Estado en materia de protección a derechos humanos, el que lidere acciones para destrabar ese obstáculo, pero todo ha sido en vano.

Este 24 de septiembre la gota que derramó el vaso fue que el Consejo de Protección giró un oficio a la Secretaría de Seguridad para que se otorgara el salvoconducto pero este ente señaló que los defensores y defensoras debían solicitar el mismo como cualquier persona común y corriente.

La Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos asumió un rol confrontativo contra las exigencias de los concejales por sociedad civil y claramente desconoció su representación en el Consejo Nacional de Protección.

Donny Reyes explica en este video los vejámenes de que han sido objeto por esta funcionaria:

Mientras Dina Meza reitera el irrespeto de Seaman y además señala por qué el Estado no quiere que defiendan derechos humanos:

 El Consejo Nacional de Protección fue creado a la luz de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que fue aprobada por el Congreso Nacional el 15 de mayo de 2015, a través del Decreto Legislativo 34-2015.