EL JUICIO

Cuando se despertó el siguiente lunes, encontraron su agua cambiada. Foto: Rightsaction.org

Gabriela Sorto, una joven defensora y miembro de la comunidad, dice, "Cuando llegó el agua a las pilas, porque a nosotros el agua nos llega del río, habríamos la llave y el agua era color chocolate, sucia." 

Sedimentación entró en el río aparentemente de noche a la mañana y convirtió al agua en lodo. Según Juana Zúniga, una madre de familia, defensora, y miembro de la comunidad, el agua del río, del que la comunidad había dependido para sus necesidades básicas, ya no era apta para que bebieran ni siquiera los animales. Otro miembro de la comunidad desde su nacimiento, Reynaldo Domínguez, llama al agua totalmente inútil. 

Domínguez dice, "Si yo tuviera que meter una ropa blanca para lavarla, eso era lo más triste, la dejaba más sucia que metí." 

Los miembros de la comunidad dicen que se habían enterado sobre la llegada de proyectos de minería a la zona hace años pero no en detalle ni de ninguna empresa. Según Zúniga, fue la comunidad de San Pedro que queda cerca de Guapinol que realizó reuniones en Guapinol para advertirles de un proyecto que iba a venir al Parque Nacional Montaña de Botaderos vecino. Los de San Pedro advirtieron que el proyecto podría destruir al río, pero Zúniga dice que la comunidad de Guapinol no les creyó.  

Sorto dice que Guapinol era menos consciente de lo que estaba pasando a su alrededor, y señala que como comunidad, la gente dudaba de juntarse a una lucha. 

"Hasta que nos tenemos encima el monstruo, no seremos capaces de salir a defender, dice Sorto. 

La sedimentación de su línea de vida fue la chispa que ocupaban para encender un fuego debajo de muchas en la comunidad. 

Juana ZUniga. Foto: Guapinol Despierta

Zúniga cuenta, "Cuando nosotros miramos que llevamos una semana, 15 días y no miramos claridad en el río, empezamos a reunirnos en la comunidad, a sacar firmas y a pedir más información de que era ese proyecto y que era Inversión Los Pinares." 

La empresa, que se constituyó en 2011 bajo el nombre EMCO Mining Company SA CV, fue fundada por la pareja Lenir Alexander Pérez Soliz y Ana Isabel Facussé Madrid. El 20 de enero de 2014, EMCO obtuvo el contrato de concesión minera del gobierno Hondureño, apenas tres semanas después de que la Gaceta publicó un decreto que redujo la área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos para excluir la zona del futuro proyecto minero. 

En el proceso de obtener una licencia ambiental para la mina, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el instituto gubernamental de Honduras que maneja proyectos relacionados al recurso forestal, recomendó que

Reynaldo Domínguez. Foto: Acafremin.org

se rechazara la solicitud debido a la ubicación del proyecto en el núcleo del parque, incluso considerando la reducción del diciembre 2013. 

Los miembros de la comunidad entrevistados dicen que la empresa nunca se les acercó para consultarles sobre el proyecto. Sorto recuerda un censo que se realizó en su comunidad unos años antes que ella ahora cree que estaba relacionado con la empresa. 

Sorto explica, "Viene, preguntaba cuánta gente vivía en la casa, cuántos niños, esas cosas normales [...] pero no hablaban de un proyecto." 

Unirse a la lucha

Después de que el río se embarró, unos miembros de la comunidad crearon un comité para expresar su oposición al proyecto de minería, el Comité de Medio Ambiente de Guapinol. Sorto se juntó con el comité y poco después su madre y padre siguieron su ejemplo. Ella dice que había 30 miembros al principio. Al final, el número de miembros subió hasta 42 personas de la comunidad, según Sorto. Como primer paso, el comité decidió buscar a organizaciones que les podían ayudar.

Una de las organizaciones que encontraron fue la Fundación San Alonso Rodríguez. Su directora, Juana Esquivel, cuenta que la fundación fue creada después del huracán Mitch e inicialmente se dedicó a construcción en las secuelas del desastre. En los siguientes años, la fundación entró en contacto con movimientos campesinos luchando por sus recursos naturales, y se volvió para enfocarse en los sistemas de agua y el desarrollo basado en justicia social. 

Esquivel explica que la fundación trabajó con comunidades en Rigores, Valle de Sico y  Bajo Aguán, y en 2016 la comunidad de San Pedro se les acercó para hablarles sobre deforestación en el parque nacional. 

Esquivel dice, "decidieron bajar y venir a buscar información porque habían rumores de que iba a haber una minería y ellos no sabían nada y querían una organización o alguien que les acompañara para ver qué estaba pasando con su sector."

Cuando la fundación empezó a investigar el proyecto, sus expertos técnicos, según Esquivel, inicialmente encontraron una declaración que redujo el núcleo del parque por 217 sectores exactamente donde se ubicaron las concesiones Inversiones los Pinares, junto con tres minas más.  

La fundación saltó a la acción y denunció al proyecto por daños ambientales debido a la deforestación. Luego, mandaron una consulta escrita a la corporación municipal de Tocoa preguntando si tenía documentación de la empresa, por ejemplo, estudios de impacto ambiental o la licencia ambiental. La corporación municipal, según Esquivel, respondió que la empresa no les mostró documentación. La oficina municipal sólo tenía registrado unos listados de una reunión. Esquivel dice que, según la corporación municipal, la empresa no fue clara sobre los detalles ni las implicaciones del proyecto.  

Ella dice que según la presentación de la empresa a la corporación municipal, "Era una empresa comprometida con las comunidades y era una empresa que les iba a ayudar hacer proyectos comunitarios, les iba a ayudar a mejorar la escuela, que les podían ayudar hacer carretera pero en ningún momento hablaron de un proyecto minero y cuáles eran sus impactos." 

Frente al gigante 

Serían dos años más tarde que Guapinol se uniría a la lucha. En total, 14 comunidades se unieron y empezaron por concentrar sus esfuerzos en la municipalidad de Tocoa. 

"Empezamos a hacer tomas en la calle, caminatas, para que nos escucharan pidiendo un cabildo abierto al alcalde del municipio," explica Zúniga. 

Sus esfuerzos culminaron en un campamento de 11 días afuera de las oficinas de la municipalidad de Tocoa. Las varias comunidades tomaron turnos para mantener a la protesta viva día y noche. Su exigencia fue un cabildo abierto donde podrían declarar su posición de oposición a minas en la zona. 

La única respuesta del alcalde, según Zúniga, fue pasar la culpa a la empresa. 

"Él nos dijo que él no era el que nos estaba causando daño que era la empresa inversiones  los pinares," dice Zúniga. 

Con eso, los defensores volvieron sus ojos a la mina.

Según Sorto, el comité se reunió el 31 de julio para hablar sobre sus próximos pasos. Lanzaron la idea de un campamento a la mina como habían hecho fuera de la corporación municipal, pero esta vez, querían realmente tener un impacto. 

Sorto dice, "La gente dijo, 'Hay que hacer algo que dure más, algo que esa empresa no puede seguir trabajando, no puede seguir destruyendo." 

Las comunidades de San Pedro, Guapinol y Tocoa se juntaron para crear un campamento junto a la calle que conduce al sitio de construcción de la mina. Los defensores dicen que el campamento se convirtió en algo más que una protesta. Era una comunidad en sí. Cada uno de los defensores entrevistados se iluminaron cuando contaron la experiencia. 

Esquivel dice, "El campamento era todo una escuela social de convivencia comunitaria, de espacios de aprendizaje y educativos donde se convergen de manera armónica las diferentes comunidades." 

Sorto describe cómo los defensores trabajaron juntos para satisfacer las necesidades de todos. Se llevaron comida de las diferentes comunidades por carro. Ella dice que a veces guardias de la empresa bloqueaba el camino, pero los defensores salían y caminaban con la comida el resto del camino.  

"La comida siempre llegaba'', dice Soto con una sonrisa. 

Los defensores en el campamento se dividieron entre turnos para las comidas. Sorto fue parte del grupo que preparó la cena. 

"El convivir, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, o sea era hermoso," Sorto  recuerda. "Lo que nos unía en ese momento era el compañerismo y claro la lucha que siempre nos ha unido." 

Pasaron días, luego semanas, luego meses y los defensores mantuvieron su campamento, su armonía y su lucha. Se enfocaron en la meta de manifestarse  por 90 días, pero mientras se acercaban al objetivo, las amenazas se aumentaron. 

El 6 de septiembre de 2018, según Esquivel, guardias armados de la empresa, acompañados por personal militar y policial, se acercaron a la manifestación para desalojarla. Cuando los manifestantes se negaron a salir, alguien del grupo de guardias disparó y daño a uno de los compañeros de la lucha. Esquivel dice que existen videos que muestran al grupo de manifestantes rodeando al jefe de seguridad de la empresa para entregarle a la policía, responsabilizándole por su compañero herido. Ellas luego descubrirán que la perspectiva de la empresa de los eventos del día fue muy diferente. [vincular otro artículo sobre el caso legal]. 

Sorto dice que dos veces más la empresa dijo que iba a venir a desollar el campamento, pero nunca lo siguieron. Después, en el día 88 de la protesta, el 27 de octubre de 2018, la comunidad que había planteado fue extraída de la tierra. 

Zúniga recuerda bien su camino del sitio del campamento hasta la calle donde se realizaron las protestas. Ella llegó hasta la toma como cualquier día, pero cuando vio el caos estalló. Zúniga afirma que guardias de seguridad privada junto con militares y policías habían  asumido el sitio y estaban tirando piedras a los defensores mientras llegaban. Zúniga corrió hacía atrás para advertir a los otros que venían en camino, pero algunos compañeros no estaban listos para abandonar su lucha. Siguieron hasta el sitio de la manifestación. 

Zúniga dice que un ejército de guardias derribó a unos manifestantes al suelo y los golpeó. Tiraron bombas de gas que, como Zúniga recuerda, cayeron en las espaldas y a los pies de los manifestantes. Sorto estaba con su madre cuando las bombas las pegaron. Dice que intentaron salvarse una a otra del gas. 

Los defensores escaparon del caos a pie, pero según Zúniga, unos guardias les siguieron por más de una hora. No podían regresar al campamento ese día. Cuando podían regresar, encontraron el campamento destruido. Para Zúniga, la destrucción del campamento era una pérdida dolorosa. 

Ella dice, "Era como que nos arrancaron un pedacito de nuestra vida." 

Las dos mujeres se sumaron a la experiencia con la palabra "horrible". Sorto dice que no pudo dormir por un mes después de ver la violencia. 

Para Sorto y Zúniga, el desalojo fue solo el comienzo de lo que denominan  su "persecución". Dentro de un mes, el padre de Sorto y el esposo de Zuniga estarían en prisión donde permanecen dos años después, ya que esperan juicio mientras la mina sigue construyéndose. 

A pesar de la violencia del 27 de octubre y el dolor que seguiría, el desalojo avivó la llama de la lucha de las dos mujeres. Para Sorto, fue el recuerdo que aun en medio de tanta violencia, la armonía del campamento quedó viva. 

Ella dice, "Había compañeras y compañeros que se caían desmayados cuando les echaron el gas y otros compañeros aún muy golpeados y todos deciden ayudar a los otros." 

Para Zúniga, ese día miró al monstruo a la cara. 

"Fue lo más difícil, lo más horrible," dice Zúniga. "Pero eso nos hizo saber la realidad de que luchamos por algo que es nuestro. Y no aceptamos, no queremos que venga otra gente a llevárselo, a destruir nuestras comunidades, a destruir nuestra vida, a destruir las futuras de nuestras hijas." 

Los recordatorios de lo que están luchando les sirven mientras continúan en lucha. Por ahora, esta lucha queda en la sala del tribunal donde sus familias esperan juicio por supuestos delitos contra la empresa. (vincula artículo sobre el juicio).