El Estado estuvo representado por  Jackeline Anchecta, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH.

El 05 de noviembre de 2020, Honduras fue examinada en el EPU, en su tercera vez, las dos anteriores se produjeron en el año 2010 y 2015. La examinación de la situaciónde los derechos humanos en Honduras se lleva a cabo cada cinco años, y desde el 2010 prevalecen recomendaciones que no han sido cumplidas.

Anchecta  informó que el Estado de Honduras se somete a darle seguimiento a las 223 recomendaciones, de las que mediante una evaluación con 21 instituciones aceptan 203 y se toma nota de 20, referentes a la ratificación de instrumentos internacionales, reformas constitucionales o aprobación de legislación interna por parte del Congreso Nacional.

Según Ancheta el Estado prioriza las garantías en materia de derechos humanos desde la creación de políticas públicas a través de la SEDH, se compromete a mantener la relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,  OACNUDH y a seguir las recomendaciones de los países en el marco del EPU.

Argumentó que Honduras ha tenido avances en materia de derechos de la mujer con la implementación de dos centros más para atender violencia contra la mujer a través del programa Ciudad Mujer. También el compromiso de seguir trabajando en la comisión de seguimiento interinstitucional de Muertes Violentas y Femicidios.

Otro de los temas fue sobre el primer diagnóstico del Mecanismo de Protección con la asistencia técnica de la OACNUDH, para dar seguimiento a la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, indicó la ministra.

También la apertura de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, para prevenir de forma eficaz la corrupción, promover la rendición de cuentas y transparencia, se inició el proceso de creación para la política migratoria con el acompañamiento del Movimiento Internacional para las Migraciones, y el Estado refirma que seguirá promoviendo los principios rectores de empresas y derechos humanos.

Asimismo, reconoció que se enfrentan nuevos retos provocados por la Covid-19 y los Huracanes ETA e IOTA, creando una brecha en los derechos de salud, educación, trabajo, vivienda adecuada,  entre otros,  principalmente en los grupos vulnerables.

El examen periódico universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ara evaluar sus avances en materia de derechos humanos, el gobierno y sus instituciones crean un informe y las organizaciones de sociedad civil un alternativo, el ciclo se realiza cada cuatro años y medio y Honduras realizo el tercero en noviembre del 2020.

Mucho ruido y pocas nueces

Sin embargo las recomendaciones de los dos ciclos anteriores han pasado sin pena ni gloria, entre ellas resolver la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, con el castigo a los responsables para terminar con la impunidad.

En cuanto a otros derechos ha habido un retroceso enorme y el Estado ha implementado una política nociva de usar el derecho penal para criminalizar la labor de la defensa de los derechos humanos y mantiene una impunidad de más de 92 por ciento según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.

Intervenciones organizaciones para Honduras

Brigadas Internacionales de Paz, en el contexto de la pandemia ha constatado un aumento de cierre de espacios para la defensoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El Centro de Derechos de Mujeres, CDM y el Centro de Derechos Reproductivos, recalcó que Honduras es uno de los seis  países que criminaliza de manera absoluta el aborto y además desde el 2009 prohibió la producción y uso de la anticoncepción de emergencia incluido para las mujeres sobrevivientes víctimas de abuso sexual,  una conducta regresiva de derechos.

La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, alentó al gobierno a trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil, a asumir compromisos específicos y plazos determinados en cada recomendación.

Escuela e Instituto Don Bosco, manifestó una preocupación por las altas tasas de deserción escolar donde casi un millón de niños y niñas  de entre 3 y 17 años, no acuden regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo.

Artículo 19 señaló que estas recomendaciones sirven como testimonio de la violencia severa y sistemática que enfrentan los actores de la sociedad civil local, donde 80 periodistas fueron asesinados entre 2001 y 2020, cuyos crímenes  están en impunidad, por lo que les preocupa los pocos recursos económicos y personal que se le asigna al Mecanismo de Protección.

Acción Canadá para la Población y Derechos Aquí y Ahora, lamentó que la educación sexual e integral no haya sido incluida ni en el dialogo ni en las recomendaciones, y que el Estado de Honduras no haya sido congruente con las recomendaciones recibidas como una falta de respeto al mecanismo EPU y los países incluidos.

Amnistía Internacional, dijo que el gobierno no puso su posición, ese retraso demuestra una falta de atención a los defensores de derechos humanos en Honduras, sobre todo a los territoriales que son víctimas de violencia y la mayor parte queda en la impunidad. Entre 2017 y 2020, la policía y el ejército hicieron uso de la fuerza para hacer detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes.

Red Lésbica Cattrachas, Honduras es el país con las tasas más altas de asesinato a la comunidad LGTBI, registrando un 91 por ciento que se mantiene en la impunidad, además de limitaciones basadas en discriminación y violencia de género, que prohíben cualquier vínculo matrimonial entre dos parejas de igual sexo y la identidad de género.

The advocates for Human Rights, expresó que “nos preocupa la violencia contra mujeres y miembros de la comunidad LGTB, corrupción e intimidación en el Poder Judicial, para llevar las investigaciones plenas y rápidas”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, espera que las recomendaciones tengan la aplicación correspondiente,  principalmente para los desplazados internos, refugiados y solicitantes de asilo.

El Estado está obligado a cumplir las recomendaciones y lograr avances, la sociedad civil es muy importante como articulación para lograr los objetivos de los que el país todavía tiene un largo recorrido, pero esa interrelación aún no comienza.