La primera política pública fue aprobada en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en Consejo de Ministros, el 22 de enero de 2013. Según l Decreto Ejecutivo No. PCM – 003 -2013, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,073, el 12 de marzo de 2013. El trabajo estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, siendo su titular la ex ministra Ana Pineda y su equipo de trabajo que consultaron a diferentes sectores de la sociedad, siendo concluida dos años después.
Esta política pública tuvo la particularidad que se redactó cuatro años después del golpe de Estado de 2009.En el país se profundizó una situación precaria de respeto a los derechos humanos donde se cometieron graves abusos que aún no han sido castigados. Su medio de acción fue el Plan Nacional de los Derechos Humanos.
La misma cuenta con ocho componentes: a) La recepción de los derechos en la legislación; b) recepción de los derechos en las políticas públicas; c) cultura de los derechos humanos en las instituciones y servidores públicos; d) desarrollo de las capacidades en el Estado y adecuación de la estructura estatal; e) lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral; f) la Rendición de cuentas y transparencia sobre acciones y resultados; g) desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos; y, h) la promoción de una cultura de derechos humanos en la sociedad.
No obstante que es un documento que nació de la consulta de diversos sectores, no cumplió con ejes estratégicos que detienen la repetición de los hechos, como es el combate a la impunidad, castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos y reparación a las víctimas. Justamente el gobierno de Juan Orlando Hernández debió preocuparse por su implementación integral y aunque asumió en el 2014 su gobierno y después se reeligió ilegalmente, lejos de aplicar la misma aceleró la crisis en que se encontraba el país en materia de derechos fundamentales.
Plan de gobierno de Xiomara Castro sobre derechos humanos
Implementar una Política Pública Integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Los defensores requieren protección inmediata ante quienes, desde la fuerza bruta, las fuerzas del Estado, del poder económico y el crimen organizado atentan contra su integridad, su vida y las de sus familias, prometió la presidenta Xiomara Castro en su plan de gobierno.
Agregó que “Es imperativo protegerles contra una justicia parcializada como la que mantuvo privados de libertad a los defensores del Río Guapinol por meses y aun protege con impunidad a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, el de Margarita Murillo asesinada en San Pedro Sula, entre tantas otras defensoras y defensores martirizados”
Por ello, apostamos por implementación de una política integral de protección de la vida e integridad de las personas defensoras, con medidas encaminadas a prevenir violaciones a sus derechos; investigar con diligencia las amenazas y los actos de violencia en su contra, sancionar a los responsables intelectuales y materiales y, reparar a las víctimas y a sus comunidades, prometió.
Para lograrlo dijo que les apostaría “al desarrollo e implementación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. Nos concentraremos en generar una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institucionalidad pública, el acceso efectivo a la justicia y la reparación. No más escuadrones de la muerte y silencio cómplice del Estado. Nuestro gobierno construirá una base amplia de inclusión de grupos sociales que sufren discriminación, proponiendo el respeto pleno de todos los derechos de los partidos y los gremios, los individuos, los colectivos y los pueblos originarios”, entre otras cosas.
A seis meses de haber asumido su gobierno Castro y el Congreso Nacional han llevado a cabo la derogación de leyes violatorias a los derechos humanos , pero hace falta que su mirada se centre en iniciar esta segunda política de derechos humanos, y el trabajo para lograrlo deberá estar a cargo de la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, Natalie Roque, quien ha llegado a esta institución con una visión más de activista del partido en el poder que de impulsar el respeto de los derechos humanos, tal como ha sido el mandato de la presidenta. Su actuación errática de confrontación y violaciones a derechos humanos de los trabajadores de la SEDH, la han colocado en un torbellino de comparecencias públicas tratando de desvirtuar una situación que se le está yendo de las manos.
Su confrontación con sociedad civil y gremios la ha colocado en una posición nada proclive al trabajo que debe cumplirle a la presidenta Xiomara Castro. Muchas organizaciones han señalado que nunca quiere darles una cita para hablar de sus problemáticas, eso le hará mella cuando al fin se dé cuenta que debe iniciar a trabajar por los derechos humanos, en especial hacia los grupos vulnerabilizados como las mujeres, pero ha confrontado a este sector, lo que no suma para nada en mantener un diálogo permanente.
Roque mantiene una crisis en el Consejo Nacional de Protección y ha dicho que convocó a asamblea de sociedad civil para que nombre nuevos miembros por la confrontación con los actuales concejales, y se ha visto su urgencia para que lleguen otros u otras, según ella para que “funcione” a su manera el Consejo.
Pero no solo la SEDH debe estar alineada con el mandato de la presidenta Castro sino que son todas las instituciones que deben girar hacia este objetivo para que se alcancen las metas propuestas.
La presidenta Castro debe echar mano en este asunto, de lo contrario no logrará lo que ha prometido, lo cual es una política integral de derechos humanos que trascienda el papel y se aplique para que se respete la labor de las personas defensoras de derechos humanos, se les proteja y se castigue a quienes les persiguen, amenazan o asesinan.
Política y Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, leálo aquí
Plan de Gobierno de Xiomara Castro, léalo aquí
