Los defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez, acusados de incendio agravado de detención injusta de la libertad.
Este 08 de febrero se llevó a cabo el foro “La verdad detrás del caso de Guapinol”, donde varios personas que participaron como expositoras detallaron las falencias del sistema de justicia en Honduras, entre ellas la falta de objetividad del Ministerio Público para favorecer a la empresa minera, a lo que se suma el papel nefasto del poder judicial que conlleva el objetivo de sentenciarlos por más de tres décadas.
Entre las personas que hablaron sobre el caso estaba Isabel Albaladejo Escribano, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), señaló que ese organismo ha acompañado y vigilado todo el juicio, por lo que están en la capacidad de señalar que no se ha podido probar el vínculo con los delitos por los cuales son acusados los defensores.
Destacó que hay situaciones muy graves en el juicio como es lo referente a que los testigos que presentó el Ministerio Público tienen un interés directo en el caso por su vinculación con la empresa minera Inversiones Los Pinares, lo que lacera el principio de objetivos y violenta estándares internacionales de derechos humanos.
También dijo que el Ministerio Público ha hecho señalamientos estigmatizantes contra los defensores y se les mantiene como miembros de la criminalidad organizada sin haber un proceso en su contra, por lo demandó que haya una sentencia con pleno respeto a la Ley y a los estándares internacionales de derechos humanos a través de un juicio imparcial y de respeto a la presunción de inocencia.
Edy Tábora del equipo legal de defensa hizo un contraste de las contradicciones que se produjeron durante el juicio lo que deja de manifiesto que si existiera imparcialidad en el juicio, estarían en libertad.
Mencionó que los fiscales han solicitado más de 10 años de prisión y es muy probable que lo logren debido a la colusión que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público están del lado de la empresa minera.
