Nunca jamás visto en la historia desde la creación del Mecanismo Nacional de Protección, que un Consejo Nacional de Protección se prestara resucitando a la Comisión Ad-Hoc para resolver impugnaciones. El  primer caso que resuelve y con la ilegalidad bajo el brazo, para despojar de medidas de protección al defensor Jorge Jiménez de JOPRODEH.

El Comité en Defensa de los Bienes Comunes  y Públicos rechazaron que en la investigación del crimen del defensor Juan López, participen la Fiscalía de Toca, Colón y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguan (UMVIBA), en el Equipo Multidisciplinario que ha creado el Estado a través del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad porque consideran que  “es una falta de respeto a la memoria de Juan López y todos los mártires del Bajo Aguán”, según lo dieron a conocer en un comunicado público este 17 de septiembre de 2024.

A casi  24 horas después del asesinato del ambientalista Juan López, las autoridades no han enviado señales de que iniciaron la investigación del crimen, pero la iglesia católica a través del padre Carlos Orellana, de la Parroquia San Isidro Labrador, responsabilizó al alcalde Adán Funez, de ser el autor intelectual de la muerte a través de hombre a sueldo. Mientras el CONADEH  denunció que ya había advertido sobre la falta de implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH para el Comité de Bienes Comunes y Públicos.

El 20 de agosto del presente año el Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización, procedió a juramentar a la representante designada por el Poder Ejecutivo ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), pero mantiene su negativa a juramentar a la representante electa en legal y debida forma por la Sociedad Civil, señalaron las organizaciones de derechos humanos JOPRODEH y ASOPODEHU, en un comunicado de prensa este 26 de agosto de 2024.