En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro, entre ellos David Castillo, presidente de DESA y exmilitar de inteligencia, quien fue señalado como coautor del crimen. Sin embargo, la Corte redujo su condena, dejando en evidencia la influencia de los poderes sobre el sistema judicial hondureño. Este fallo confirmó la existencia de la estructura criminal que asesinó a Berta, vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de ello, los autores intelectuales siguen en la impunidad, señaló el COPINH en un comunicado público  este 02 de marzo de 2025, a nueve años del crimen contra la defensora y Coordinadora del COPINH, Berta Cáceres.

En un comunicado público la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, instó al Sistema Nacional de Emergencias 911 para que eviten la vulneración de la libertad de expresión procediendo a desistir de la querella contra periodistas de Diario El Heraldo, que hicieron investigaciones alrededor de la adquisición de cámaras, lo que no le fue grato a la presidenta de la Comisión Interventora de esa institución que procedió a anunciar ese juicio enfocado en los delitos contra el honor.

En el municipio de Meámbar, en el noroeste del departamento de Comayagua, Honduras nació “una niña” como dijeron los médicos al momento de su nacimiento, mientras lo vestían con ropa femenina y lo llamaban con un nombre de mujer.

Aunque los ataque a los espacios ciudadanos ya se habían dado en gobiernos anteriores, en la administración actual se han incrementado. Las agresiones del actual gobierno son evidentes en las redes sociales y medios de comunicación afines al oficialismo.